La videoconferencia ha pasado de ser una herramienta excepcional de uso en la realización de los actos orales del proceso frente a la tradicional presencia física en la sala de vistas para convertirse, en virtud de los últimos acontecimientos de salud pública, en el modo preferente de su celebración. Dicha imposición normativa con traducción práctica de envergadura ha abierto las miras de futuro de los operadores jurídicos, de la judicatura y del legislador hacia la promoción de un uso mucho más extendido y normalizado de este modo de celebraciones virtual de las audiencias y juicios. Se debe a que representa una potencial solución de la paralizaciones de procesos o suspensión de vistas debido a distintos problemas logísticos, normativa o de impedimentos que se achacan a los comparecientes, además del mayor coste de medios y de tiempo y la contribución a la contaminación amb i en tal achacada al desplazamiento de la población para acudir a esos actos. Con todo, esta práctica plantea, sin embargo, serias dudas sobre si puede interferir en muchos de los derechos y garantías procesados que son consustanciales a todo juicio oral, de forma que implique ciertas restricciones. En medio del compromiso del gobierno de España de remitir a las cortes generales un proyecto de Ley de las normas para los actos procesales telemáticos fijado en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, esta obra aporta soluciones plausibles a la anunciada regulación legal de la práctica de las denominadas audiencias telemáticas judiciales, unas soluciones ingeniadas para conseguir una armonización del efectivo avance tecnológico y la preservativa de los derechos y garantías procesales propias de cualquier acto oral. Todo ello tras un completo itinerario que se detiene en el estudio de las principales fases de la evolución de la regulación de esta práctica. Y, finalmente, ofrece una selección de los aspectos más relevantes de las últimas iniciativas legislativas.