A partir de 2008, México emprendió una profunda reforma de su procedimiento penal. Dicha reforma abarca cada una de las estapas a través de las cuales se estructura tal procedimiento: la prevención de los delitos, su investigación, los juicios penales (que desde la reforma pasan a ser completamente orales ) y la ejecución de las sanciones. Se trata de un programa de cambio de gran calado inédito en la historia jurídica de nuestro país y, quizá, de toda América Latina.