Mediante las leyes 1761 de 2015 y 1773 de 2016 se establecieron en Colombia como tipos penales autónomos, y se aumentaron las penas imponibles para su realización, el feminicidio y las lesiones personales mediante el uso de agente químico, álcalis, sustancias similares o corrosivas, respectivamente. La crimininalización de estas conductas que ya estaban tipificadas como delito, se sustentó en una supuesta situación de aumento en su comisión y en la incapacidad del sistema judicial colombiano para juzgar a sus responsavles.Esta investigación se ocupa de analizar y contrastar tales argumentos con la evidencia empírica disponible con el objetivo de determinar qué ocurre en la política penal colombiana en relación con estos dos ámbitos de conflictividad social de especial relevancia en los últimos tiempos.