Desde el primer trimestre del año 2021, en Colombia se ha venido hablando de la postpandemia, un periodo que sin lugar a duda tiene como punto de partida los aprendizajes y nuevas formas de trabajo que se adquirieron en los momentos de confinamiento y restricción. El Derecho disciplinario no es la excepción. Con la entrada en vigencia del Código General Disciplinario y su reforma introducida por la Ley 2094 de 2021, tanto los administradores de justicia disciplinaria como los abogados litigantes e incluso, los sujetos procesales, están enfrentados a un camino de aprendizajes y que se relacionan con la separación de roles de instrucción y juzgamiento, las nuevas dinámicas procesales, el régimen de faltas y sanciones, los aspectos dogmáticos, constitucionales y convencionales relacionados con garantías y competencias administrativas y funciones jurisdiccionales, sin perder de vista, el régimen probatorio especial que se incorporó con la nueva legislación procesal disciplinaria. El libro que tiene en sus manos se atreve a desarrollar contenidos de carácter disciplinario complejos y contemporáneos. Da un paso adelante respecto de las visiones naturales de cómo se observa la ritualidad disciplinaria y cuestiona aspectos fundamentales sobre la jurisprudencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial; la figura del recurso extraordinario de revisión; la evolución legal de la tipicidad en Colombia; la función de la sanción disciplinaria y las críticas a la convencionalidad del Derecho disciplinario. Sin restar importancia a todos los trabajos académicos acá incorporados, es menester resaltar con nivel de exaltación, tres posturas innovadoras relacionadas con los logros y retos de la inclusión de la cláusula de exclusión en la prueba digital o electrónica en el Código General Disciplinario; el razonamiento probatorio en el proceso disciplinario mediante el uso del sistema experto y un análisis respecto del rol que juega el abogado defensor al verse 10 Diego Felipe Bustos - Helga Lidby Diaz Acosta enfrentado en diversas oportunidades a jueces y magistrados que, desconociendo derechos y garantías fundamentales derivadas de la libertad de opinión, ven en la compulsa de copias disciplinarias un arma intimidatoria para lograr el silencio de los abogados en el ejercicio de su profesión.