La sociedad colombiana ha convivido en el contexto de un candente debate por los derechos de las mujeres a abortar. Los medios, la academia, las instituciones como la Iglesia, nutren el debate. El Congreso, en buena medida, ha obviado asumir posición legislativa al respecto. La Corte Constitucional, por la vía de la jurisprudencia y, concretamente, por medio de la sentencia 355 de 2006, falló sobre excepciones puntuales a la prohibición y la canalización. Una década después del fallo, aparece este trabajo, con posibilidades de alimentar, al menos, a una de las audiencias del debate: la de los prohibicionistas declarados. Texto audaz. Una urdimbre de argumentos sobre porqué, a juicio del autor, la sentencia C–355 de 2006 “no fue la más adecuada y, en consecuencia, la justicia en ella no alcanza su mayor vigor”. En la argumentación, otra norma de envergadura que el autor objeta es el artículo noventa del Código Civil colombiano: “Sin lugar a dudas, esta norma se opone a la razón natural”. Y un juicio tajante: “Muchas veces las normas responden al poder, no al derecho, aunque se les llame derecho”.