La incorporación de las TIC a la Administración de Justicia es el fundamento básico en el que se apoya el proceso de modernización, necesario y ampliamente demandado, en el cual se encuentra inmersa. Este desafío ha supuesto un cambio radical en el modo de relacionarse con la referida Administración con consecuencias en distintos planos y esferas. En primer lugar, en el plano legislativo por cuanto ha sido necesario regular esta nueva realidad, así como adaptar las normas ya existentes a este nuevo modelo. Consecuencia de ello ha sido, en segundo lugar, la necesidad de adaptar los conceptos y principios jurídicos ya existentes para la tramitación en papel. Por otra parte, en el plano jurídico-político la fragmentación competencial entre Estado y Comunidades Autónomas ha creado, en ocasiones, numerosos problemas y dificultades a la hora de implantar este nuevo modelo basado en el uso de las TIC. Finalmente, también en la esfera de los distintos operadores jurídicos y de los ciudadanos está teniendo una importante repercusión esta nueva realidad: para los primeros por el cambio radical del modo de trabajo y de relacionarse con ella; para los ciudadanos porque adquieren nuevos derechos que les permite ser partícipes activos de este nuevo modelo. Sin embargo, como todo cambio, no está exento de problemas y desafíos y, desde una clave jurídica, este trabajo intenta aportar soluciones y formular propuestas destinadas a afrontarlas.