La dinámica de la protesta social en Colombia es compleja en la medida en que alrededor de ella confluyen muchos factores. Primero, una regulación normativa que, en muchos sentidos, es proclive a desalentar la protesta. Segundo, un control policial, en ciertos casos, violento y excesivo, en el que los manifestantes son considerados enemigos más que ciudadanos y frente al cual algunos manifestantes responden con abusos, lo cual produce un círculo vicioso de violencia en el que los policías desconfían de los manifestantes y los manifestantes de los policías. Tercero, un sistema judicial que instrumentaliza el derecho penal para desincentivar la movilización social. Y cuarto, unos medios de comunicación que suelen reportar solo las protestas en las que hay violencia y que, por ese camino, incentivan que ls manifestaciones no siempre transcurran pacíficamente, de un lado, y que la protesta no tenga mucha legitimidad social, de otro. Todos estos elementos combinados y sumados al hecho de que la protesta, con frecuencia, produce afectaciones en los derechos de terceras personas sugieren que su regulación no es fácil.