Los estándares ambientales son diversos según lo exprese la respectiva política, legislación y gestión ambiental en contextos ecosistémicos y culturales diferenciados y según el grado de exigencia, jerarquía, validez y eficacia de las normas ambientales, las cuales dependen de la o las respectivas teorías del derecho, los derechos o la justicia. En Colombia en los últimos años la producción normativa en materia ambiental nos informa que sufrimos de 'inflación' legislativa, pero los estándares ambientales en lugar de ser más exigentes, se flexibilizan, a pesar que el legislador y los demás agentes del Estado afirmen lo contrario, coexistiendo con la moda de 'teñirse de verde' sin serlo. Tales circunstancias permiten evidenciar el desmonte de las principales previsiones constitucionales en materia de protección ambiental, esquema normativo que la Corte Constitucional ha venido denominando como 'Constitución ecológica' y que desde GIDCA proponemos un tránsito necesario hacia el ?Estado ambiental de derechos?.Este informe de investigación 2012 presentado por GIDCA en dos libros (de los cuales éste es el primero), refuerza la idea de la actual erosión (por disminución o eliminación) de los estándares ambientales asociados a la conservación del ambiente y a la protección de los derechos ambientales. Tal situación nos permite afirmar que en lugar de avanzar hacia la construcción de una nueva forma anhelada de organización del poder en lo que denominamos ?Estado Ambiental de Derecho?; en años recientes y bajo el mandato de los últimos gobiernos se ha originado un desarrollo normativo proveniente de las 'locomotoras legislativas; que puede ser visto de manera regresiva como un 'Estado de cosas inconstitucional ambiental; en el que la defensa y la protección efectiva de los derechos colectivos y ambientales quedan en entredicho y los pueblos, comunidades y grupos humanos más vulnerables son los primeros directamente afectados.