La Constitución Política de 1991, con más de treinta años de vigencia, consagró una serie de acciones públicas, en favor de la protección del orden constitucional y las garantías iusfundamentales, dichas garantías se encuentran en la protección a los derechos fundamentales por intermedio de la acción de tutela; el amparo de la libertad a través del habeas corpus; el acatamiento de las leyes y los actos administrativos, con la acción de cumplimiento; la protección a la petitoria de datos, documentos e información, con el derecho de petición; la posibilidad de inaplicar una norma si es inconstitucional, con la excepción de inconstitucionalidad; el poder solicitarle a la Corte Constitucional declare inconstitucional una norma legal ante contradicciones y desconocimientos al núcleo esencial de la Constitución; la posibilidad de interponer una acción en favor de varias personas mediante la acción de grupo cuando han sido afectadas por una misma causa; así como la protección de derechos colectivos con la acción popular. Aunado a lo anterior, la Carta Política estipuló el poder que tiene el Estado de interponer una acción para la devolución de los recursos que ha tenido que pagar por consecuencia de un ilegítimo actuar de sus funcionarios, ello, a través de la acción de repetición; la protección de la pureza del sufragio, con la acción de nulidad electoral; la posibilidad de interponer una acción en donde se ha visto que un elegido por voto popular (Congresista, Diputado o Concejal) haya actuado con dolo o culpa grave, pueda interponerse la pérdida de investidura; así como también el poder que tiene el Estado para eliminar principalmente las estructuras o flujos económicos de la criminalidad organizada a través de la acción de extinción del derecho de dominio. El presente libro aborda los aspectos esenciales de cada una de las acciones que se acaban de mencionar, con los debates que han surgido en la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado. Sin embargo, antes de ello, se requiere hacer una reseña de la Constitución Política Colombiana de 1991.