El debate de la regulación del cannabis para uso adulto está en la agenda pública. A nuestro juicio la mejor política que puede desarrollar el Estado con respecto de la marihuana es la regulación de su cultivo, fabricación y uso enfocada en reducir el impacto comparativo de la marihuana en las economías ilegales y redes del narcotráfico; proteger la salud pública; promover el desarrollo rural en zonas priorizadas; y promover medidas de reparación financiadas a través de los recursos de la regulación. Las drogas no son el demonio, pero tampoco son juego de niños. Una política de drogas que sea respetuosa de los derechos humanos y que salvaguarde la salud pública debe ubicarse en una posición intermedia entre la liberalización total y la prohibición actual.