La obra describe en detalle el modo en que inciden sobre la labor estatal de investigación criminal una serie de desarrollos tecnológicos como el surgimiento de nuevas formas de comunicación mediante Internet, la encriptación, la esteganografía, las herramientas para procurar el anonimato en la Red, las criptomonedas, la “Internet de las cosas”, el “Big data”, la inteligencia artificial, los algoritmos predictivos, los “programas espías” (“spyware”) y otras novedosas herramientas de vigilancia digital, analizando el impacto de las mismas sobre el alcance de las tradicionales garantías constitucionales y sobre las facultades estatales para monitorear (legalmente) la actividad de los ciudadanos. Analiza el estudio de controversias de orden legal y constitucional cuya importancia ya ha empezado a ponerse de manifiesto, y que están llamadas a ocupar un lugar central en la discusión jurídica durante la próxima década.