Reseña del libro "Garantías constitucionales y el principio pro homine"
El principio pro homine está estrechamente vinculado a la dignidad humana y constituye, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, principios fuente, y, como norma del derecho internacional de los derechos humanos, posee fuerza e irradiación contra todos en favor de la persona, reforzando y fundamentando la protección nacional e internacional de los derechos humanos. . Las relaciones entre Estado de Derecho y democracia o entre derechos y regla de la mayoría constituyen un debate clásico al que sucesivos contextos nos remiten constantemente. Uno de ellos viene de la mano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ha condenado las graves violaciones de derechos humanos como la tortura, desapariciones y crímenes de lesa humanidad cometidos por las dictaduras latinoamericanas durante la segunda mitad del siglo XX. En este escenario, la Corte IDH ha rechazado la aprobación de leyes contrarias a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ha adoptado un relevante papel de defensa, promoción y protección de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Las garantías constitucionales procuran asegurar que ninguna persona pueda ser privada de defender su derecho vulnerado (por el delito) y reclamar su reparación (incluso penal, lo que es incuestionable en casos de acción penal privada, mientras avanza la idea para el caso de la acción pública) ante los tribunales de justicia. Además, las garantías procuran asegurar que ninguna persona pueda ser sometida por el Estado en sentido general, y en especial por los tribunales, a un procedimiento ni a una pena arbitraria (“acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la voluntad o el capricho”) en lo fáctico o en lo jurídico, tanto porque el Estado no probó fehacientemente su participación en un hecho definido por la ley como delito, como también porque no se respetaron los límites impuestos por el sistema constitucional a la actividad estatal destinada a comprobarla y a aplicar la sanción.
